El Salvador: Entre algas y caravanas

En los rotativos salvadoreños leemos emergencias de varios tipos, no culpamos al actual gobierno de la mala distribución y mala calidad del agua, ni de la violencia económica del modelo de ‘desarrollo’ en el país, ni la baja en  la presencia de la niñez y adolescencia en las escuelas, ni de la migración indetenible, tampoco de las extorsiones y desapariciones que a diario se registran en el territorio; sin embargo, el poder ejecutivo tendrá que asumir sus propias responsabilidades, no solo lidiar y aplicar  paliativos inmediatos a estas emergencias, sino, plantear una hoja de ruta que le brinde perspectivas al país a mediano y largo plazo.

El gobierno tiene el derecho de difundir por todos los medios los logros que alcanza, las victorias en temas del combate a la criminalidad, los avances en las campañas de duicentros dentro y fuera del país, sobre el mundial de surf, sobre Andy y otras informaciones de interés nacional.

La población tiene esperanzas legítimas,  deseos  sanas que el actual gobierno logre sentar las bases de un país moderno, un Estado moderno, desburocratizar  la  tramitología, minimizar el accionar de las pandillas, mejorar la economía familiar, elevar la calidad de vida por medio del abastecimiento permanente en los hospitales, escuelas modernas, apoyo a los deportes y artes, el rescate de la agricultura natural y diversificada, invertir en ciencia, investigación y tecnología, etc.

Son bastantes las apuestas y desafíos del gobierno que lidera la familia Bukele, han demostrado ser un grupo de exitosos comerciantes hijos de la pequeña burguesía empresarial que apunta en convertirse en líderes del modelo económico neoliberal; ellos, como empresarios tienen todo ese derecho de velar por los intereses de la familia y empresarios aliados, pero también, la población que ha depositado en ellos la confianza, esperan, que los beneficios sean tangibles, por lo menos, en estos meses de aprendizaje del actual gobierno, la gente espera señales que no serán más de lo mismo.

El tema del agua contaminada no es algo nuevo, pero eso no justifica que las nuevas autoridades y responsables de la purificación y distribución del vital líquido se acomoden en el viejo método  de trabajo, las declaraciones del titular del rubro nos ha dejado pensativos, plantear que las algas  no son dañinas para la salud son declaraciones imprecisas e inapropiadas, en primer lugar, se debería someter en laboratorios externos el agua que se consume, el peritaje tendría que ser lo más científico y transparente posible, luego buscar soluciones reales, no medidas tapa hoyos.

La solución inmediatista no es hacer un llamado a tomar agua que no reúne las características que nos dice la química, ” el agua potable debe ser incolora e inodora”,  podríamos citar tres tipos de agua; mineral, manantial y potable, si bien es cierto que el agua de consumo puede variar en sus características, pero no es correcto que tenga mal olor, eso es signo de impureza,  con el pretexto de la fotosíntesis se pueden inducir a la población al deterio de la salud.

Esto pone una vez más de manifiesto la crisis ambiental en el país, tema del que se desconoce una posición oficial del actual gobierno, la crisis híbrida es una bomba de tiempo, aplazar la ley del agua y los abusos que la empresa privada hace de nuestros recursos  naturales, es una factura que vamos a pagar toda la población a corto plazo.

En otro argumento va en dirección de las caravanas, las súplicas del gobierno para impedir que las familias salvadoreñas migren, ya sea de forma silenciosa o en caravanas, demuestra la falta de un mensaje claro del rumbo del país en tema de seguridad social, es decir, no es solo el tema de las extorsiones, la inseguridad social implica pocas oportunidades de trabajos dignos, hospitales que no escasean en poco tiempo las donaciones en medicinas, escuelas abandonadas, las amenazas y extorsión por parte de las pandillas, etc.

La gente ha esperado estos casi nueve meses para escuchar un mensaje del desmontaje del neoliberalismo, un plan de gobierno que incentive la diáspora en seguir invirtiendo, que motive más empresas extranjeras en invertir en El Salvador respetando nuestro marco normativo en la tutela de los derechos de la gente.

Las caravanas son una demostración cruda de la desesperación de personas  que no logran sobrevivir en el salvaje mercado del trabajo o bajo las amenazas macizas de las pandillas.

Los centenares de seres humanos que caminan rumbo al norte, sufren infinidad de atropellos, humillaciones, violaciones, secuestros, maltratdosa y el desinterés de los gobiernos de transito en auxiliar de forma seria ese huracán de personas.

El plan del gobierno de los Estados Unidos llamado ” tercer país seguro”, está empeorando las condiciones humanas de los migrantes, ante la fría mirada de los derechos humanos; las indetenibles caravanas son la prueba anunciada que no existen muros que detenga  a los que solo les queda la un trozo de vida.

Ojalá el tema del agua y de las familias migrantes se hagan virales, como han hecho viral con intenciones propagandista el tema de Andy Lovos.

Ojalá las masas que le han dato una alta votación al presidente, asuman un rol de agentes transformadores de vida, personas comprometidas con la verdad, la vida, la justicia y la solidaridad; y en el caso del presidente de la República, podría utilizar su liderazgo para hacer conciencia en la población de cuidar los recursos naturales y sumarse al rescate de El Salvador, un país secuestrado por la indiferencia y la fe que una sola persona va a resolver todos los crónicos problemas de El Salvador.

Quedamos pendientes de hablar de la bofetada de las fracciones en la Asamblea Legislativa sobre el voto desde el exterior, una solución parcial con un método de voto postal que se demostró en la votación presidencial del año pasado, un fracaso, un método infuncional, sin embargo, el TSE tendrá que lidiar con ese decreto, que deja fuera el derecho de votar desde el  exterior por los concejos municipales, no se puede hablar de cultura de paz cuando no se le garantizan los derechos a las diáspora que tienen en pié la economía del país.

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